La Ley condena en su exposición de motivos la dictadura franquista, como régimen impuesto por la fuerza de las armas contra la voluntad popular, caracterizado por la sistemática y generalizada violación de los derechos humanos en coincidencia con los acuerdos adoptados por el Consejo de Europa y la posición mayoritaria del Parlamento Europeo, es justa y necesaria.
Los contenidos de la Ley, a juicio de la coordinadora, expresan la voluntad de reparar la deuda histórica de la democracia con quienes con más esfuerzo y con más sacrificio contribuyeron a restaurarla; responden, a muchas aspiraciones de las víctimas de la guerra y de la represión, que todavía sobreviven y a sus familiares que verán ampliados su derecho al reconocimiento y mejorarán y ampliarán las medidas de reparación.
Creemos que la Ley sienta las bases y abre muchos caminos para la recuperación de la Memoria de la Democracia de nuestro país y el fomento de la convivencia. Es el comienzo de una etapa de actividad de las administraciones, incluida la de la Justicia, y de la sociedad civil para la reparación y para enlazar el presente y el futuro con el recuerdo y el reconocimiento de una generación excepcional de hombres y mujeres como fue la que llevó pacíficamente al poder, en abril de 1931, la República democrática y que tuvo que defenderla con las ideas y, en muchos casos con su vida.
La Ley declara pública y solemnemente que todo el aparato represivo del franquismo – Consejos de Guerra y Tribunales especiales – y su actuación, por motivos ideológicos o políticos, estuvo viciada de raíz por su ilegitimidad de origen y por la carencia de todas las garantías y derechos propios de un juicio justo, ilegitimidad e ilegalidad extensible a todas sus resoluciones y sentencias. Esta declaración se refuerza por una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico, impidiendo su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial.
Desde la coordinadora pensamos que la declaración de ilegitimidad, sin perjuicio de las acciones judiciales individuales y, conforme al ordenamiento vigente, deberá abrir el camino para una posterior anulación de todas las actuaciones judiciales represivas del régimen franquista, impulsada desde el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
Esta Ley ordena al Gobierno y las Administraciones Públicas, en niveles competenciales diferentes, que asuman como políticas públicas la preservación de la Memoria Democrática, en concreto la desaparición de la simbología franquista de las vías y edificios públicos (previendo la retirada de subvenciones y ayudas públicas, de no cumplirse este precepto.); la localización y preservación de los espacios de Memoria y de los represaliados desaparecidos, y en su caso exhumación, y las labores de investigación judicial.
Defendemos que la Ley garantice la conservación, ordenación y accesibilidad de los archivos históricos y refuerza el papel del actual Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, integrándolo en el Centro Documental de la Memoria Histórica.
También valoramos muy positivamente que la Ley establezca diversas mejoras de derechos económicos de las víctimas y sus familiares ya recogidos en nuestro ordenamiento y se instauran el derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia, que hoy todos disfrutamos, y que no habían recibido hasta ahora la compensación debida y el reconocimiento de la nacionalidad de origen para los descendientes del exilio, y la nacionalidad española para los Brigadistas Internacionales, sin tener que renunciar a la que tengan actualmente.
Si bien la Ley prohíbe explícitamente la realización de actos de naturaleza política, ni de exaltación a la guerra civil de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo en el Valle de los Caídos, la Coordinadora considera insuficiente estas medidas y considera que los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera deben ser trasladados y entregados a sus familiares para su adecuada inhumación y facilitar la entrega a los familiares que lo soliciten los restos de las personas inhumadas en la cripta. A continuación su recinto e instalaciones deben regenerarse democráticamente y explicitar de manera visible y pedagógica las condiciones de su construcción y el contexto político y social de la época.
Tras la aprobación de la Ley creemos que serán necesarias las reformas de cuantos códigos y reglamentos jurídicos vigentes que permitan la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas y su declaración de ilegalidad, un reglamento de desarrollo ágil que permita acelerar las medidas de reconocimiento y reparación jurídicas, políticas, económicas y éticas contempladas en la Ley y los procedimientos de investigación histórica. La creación, desde la Administración, de servicios de investigación y asesoramiento a las víctimas y sus familiares, como se ha llevado a cabo con motivo de la gestión de las pensiones e indemnizaciones derivadas de la guerra civil española, de las ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y de las pensiones por actos de terrorismo.
Creemos que el Estado español debe firmar, sin dilación, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y que entró en vigor el 11 de noviembre de 1970.
Por ultimo la coordinadora pide que a través de un grupo de expertos independientes, el Ministerio de Educación debe proceder a analizar los planes de estudio para la adecuación de los contenidos de los libros de texto de la enseñanza obligatoria respecto al tratamiento dado al periodo republicano, la guerra civil y la dictadura franquista.
Los contenidos de la Ley, a juicio de la coordinadora, expresan la voluntad de reparar la deuda histórica de la democracia con quienes con más esfuerzo y con más sacrificio contribuyeron a restaurarla; responden, a muchas aspiraciones de las víctimas de la guerra y de la represión, que todavía sobreviven y a sus familiares que verán ampliados su derecho al reconocimiento y mejorarán y ampliarán las medidas de reparación.
Creemos que la Ley sienta las bases y abre muchos caminos para la recuperación de la Memoria de la Democracia de nuestro país y el fomento de la convivencia. Es el comienzo de una etapa de actividad de las administraciones, incluida la de la Justicia, y de la sociedad civil para la reparación y para enlazar el presente y el futuro con el recuerdo y el reconocimiento de una generación excepcional de hombres y mujeres como fue la que llevó pacíficamente al poder, en abril de 1931, la República democrática y que tuvo que defenderla con las ideas y, en muchos casos con su vida.
La Ley declara pública y solemnemente que todo el aparato represivo del franquismo – Consejos de Guerra y Tribunales especiales – y su actuación, por motivos ideológicos o políticos, estuvo viciada de raíz por su ilegitimidad de origen y por la carencia de todas las garantías y derechos propios de un juicio justo, ilegitimidad e ilegalidad extensible a todas sus resoluciones y sentencias. Esta declaración se refuerza por una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico, impidiendo su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial.
Desde la coordinadora pensamos que la declaración de ilegitimidad, sin perjuicio de las acciones judiciales individuales y, conforme al ordenamiento vigente, deberá abrir el camino para una posterior anulación de todas las actuaciones judiciales represivas del régimen franquista, impulsada desde el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
Esta Ley ordena al Gobierno y las Administraciones Públicas, en niveles competenciales diferentes, que asuman como políticas públicas la preservación de la Memoria Democrática, en concreto la desaparición de la simbología franquista de las vías y edificios públicos (previendo la retirada de subvenciones y ayudas públicas, de no cumplirse este precepto.); la localización y preservación de los espacios de Memoria y de los represaliados desaparecidos, y en su caso exhumación, y las labores de investigación judicial.
Defendemos que la Ley garantice la conservación, ordenación y accesibilidad de los archivos históricos y refuerza el papel del actual Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, integrándolo en el Centro Documental de la Memoria Histórica.
También valoramos muy positivamente que la Ley establezca diversas mejoras de derechos económicos de las víctimas y sus familiares ya recogidos en nuestro ordenamiento y se instauran el derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia, que hoy todos disfrutamos, y que no habían recibido hasta ahora la compensación debida y el reconocimiento de la nacionalidad de origen para los descendientes del exilio, y la nacionalidad española para los Brigadistas Internacionales, sin tener que renunciar a la que tengan actualmente.
Si bien la Ley prohíbe explícitamente la realización de actos de naturaleza política, ni de exaltación a la guerra civil de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo en el Valle de los Caídos, la Coordinadora considera insuficiente estas medidas y considera que los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera deben ser trasladados y entregados a sus familiares para su adecuada inhumación y facilitar la entrega a los familiares que lo soliciten los restos de las personas inhumadas en la cripta. A continuación su recinto e instalaciones deben regenerarse democráticamente y explicitar de manera visible y pedagógica las condiciones de su construcción y el contexto político y social de la época.
Tras la aprobación de la Ley creemos que serán necesarias las reformas de cuantos códigos y reglamentos jurídicos vigentes que permitan la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas y su declaración de ilegalidad, un reglamento de desarrollo ágil que permita acelerar las medidas de reconocimiento y reparación jurídicas, políticas, económicas y éticas contempladas en la Ley y los procedimientos de investigación histórica. La creación, desde la Administración, de servicios de investigación y asesoramiento a las víctimas y sus familiares, como se ha llevado a cabo con motivo de la gestión de las pensiones e indemnizaciones derivadas de la guerra civil española, de las ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y de las pensiones por actos de terrorismo.
Creemos que el Estado español debe firmar, sin dilación, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y que entró en vigor el 11 de noviembre de 1970.
Por ultimo la coordinadora pide que a través de un grupo de expertos independientes, el Ministerio de Educación debe proceder a analizar los planes de estudio para la adecuación de los contenidos de los libros de texto de la enseñanza obligatoria respecto al tratamiento dado al periodo republicano, la guerra civil y la dictadura franquista.
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