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martes, 18 de septiembre de 2007

Ley de la Memoria "Justa y necesaria"

Estos días nuevamente se esta promoviendo, por parte de personalidades de la cultura y la judicatura (Pere Portabella, Carlos Jiménez Villarejo, Rosa Regás), así con el apoyo de numerosos colectivos políticos, sociales, juveniles de todos los ámbitos del territorio español entre los que nos encontramos "Coordinadora para la Memoria Histórica y Democrática de Madrid"un nuevo documento de mínimos sobre la "Ley de la Memoria".

Este nuevo documento de mínimos es para ayudar a impulsar y aprobar con el mayor consenso posible la "Ley de la Memoria" en este periodo de sesiones, con la complicidad de los grupos parlamentarios que defienden la aprobación de la Ley PSOE e IU.

Este documento de mínimos, que sin ninguna duda apoyamos, defendemos, sin renunciar a nuestros trece puntos. Os animamos a que ya sea individualmente, como colectivamente, mandéis vuestra adhesión enviando un e-mail a la siguiente dirección:

Leydememoriaya@gmail.com


MANIFIESTO

Un compromiso ético inaplazable: La ley de la Memoria Democrática

Han transcurrido casi cinco años desde que el Congreso de Diputados condenó el golpe militar que, en 1936, determinó la guerra civil y la posterior implantación de
la Dictadura.

Han pasado tres años desde que el Congreso instó al Gobierno a constituir la Comisión interministerial sobre las víctimas de aquella guerra y de la represión franquista.

También han pasado tres años desde que el Gobierno decidió estudiar “la situación de los que, como consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones represivas durante la guerra civil y el franquismo y hasta la restauración de las libertades democráticas”.

Ha transcurrido otro año desde que el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de lo que ya no se denomina, como antes lo había hecho, “para la recuperación de la memoria histórica”.

El Proyecto, manifiestamente insuficiente, continúa sin tramitarse cuando está a punto de agotarse la legislatura .

Nuestro Estado social y democrático de Derecho, la sociedad democrática, las asociaciones cívicas y, sobre todo, las víctimas “que padecieron la represión de la dictadura franquista” ya no pueden esperar más.

El Gobierno y los Grupos parlamentarios deben saber que si durante los próximos meses el Proyecto, profundamente reformado, no se aprueba, no habrán querido, como dice el Preámbulo,”cerrar heridas todavía abiertas entre los españoles”.

La aprobación de la Ley es la condición para superar definitivamente situaciones discriminatorias que aún sufren quienes “habiéndose esforzado para conseguir un régimen democrático” fueron injustamente perseguidos y sancionados, incluso hasta perder la vida.

El Gobierno y las fuerzas políticas saben que no serán reparados y rehabilitados hasta que no se adopten las“medidas legales” anunciadas en 2004. Mientras tanto, no podrán ser considerados ciudadanos de pleno derecho.

Por todo ello, reclamamos del Gobierno y de todos los Grupos parlamentarios la tramitación y aprobación de la Ley siempre que se ajuste a las siguientes mínimas exigencias:

1.-Coincidiendo con los acuerdos adoptados por el Consejo de Europa y la posición mayoritaria del Parlamento Europeo, la condena formal de la dictadura franquista, como régimen impuesto por la fuerza de las armas contra la voluntad popular, caracterizado por la sistemática y generalizada violación de los derechos humanos.

2.-Declarar pública y solemnemente que todo el aparato represivo del franquismo –Consejos de Guerra y Tribunales especiales– y su actuación, por motivos ideológicos o políticos, estuvo viciada de raíz por su ilegitimidad de origen y por la carencia de todas las garantías y derechos propios de un juicio justo, ilegitimidad e ilegalidad extensible a todas sus resoluciones y sentencias.

3.-La declaración anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales individuales, debe fundamentar que el Ministerio de Justicia y el Fiscal General del Estado, conforme al ordenamiento vigente, impulsen y planteen ante el Tribunal Supremo los recursos pertinentes para obtener la declaración de nulidad de pleno derecho de dichas sentencias.

4.-Que el Gobierno y las Administraciones Públicas asuman activamente como políticas públicas la preservación de la Memoria Democrática, especialmente la localización de los represaliados desaparecidos, la conservación, ordenación y accesibilidad de los archivos históricos y la desaparición de simbología franquista de las vías y edificios públicos.

Ya no caben más dilaciones. Sólo el cumplimiento de estas mínimas exigencias será el signo de que el Gobierno y los partidos con representación parlamentaria tienen una auténtica voluntad de responder a los compromisos contraídos y reparar la deuda histórica de la democracia con quienes con más esfuerzo y con más sacrificio contribuyeron a restaurarla.

jueves, 13 de septiembre de 2007

Declaración de la Coordinadora de Memoria de Madrid

Organizaciones que el 14 de julio del 2006 presentamos el Manifiesto ciudadano de condena al franquismo, y que en Octubre del mismo año suscribimos la Declaración “13 Puntos Mínimos para el debate de la Ley de Memoria”, hemos decidido coordinar nuestros esfuerzos con el fin de continuar con el proceso de rescate de la Memoria de la Libertad y la Democracia española y de quienes lucharon, murieron y fueron víctimas del levantamiento militar, de la complicidad nazi-fascista así como de la implantación de la dictadura franquista que acompañó al final de la Guerra Civil, como acontecimientos trágicos de nuestro pasado que han marcado nuestra historia contemporánea más reciente.

Para ello creemos necesario:

a) difundir y divulgar entre los ciudadanos la historia y los valores representados por la II República española (1931-1939), los trabajos, investigaciones y recursos actuales.
b) sumar todos los esfuerzos sociales y académicos existentes.
c) sensibilizar a la sociedad.
d) proponer a las administraciones e Instituciones Públicas las medidas legales y actuaciones necesarias en los distintos ámbitos de su competencia, impulsar su desarrollo y llevar a cabo el seguimiento de sus acuerdos.
e) organizar conjuntamente actividades de conmemoración de la II República, de homenaje y reconocimiento a quienes defendieron los valores democráticos y sufrieron por ello.
f) dedicar un esfuerzo especial para la transmisión de la Memoria de la Libertad y la Democracia a la juventud.

Para alcanzar estos objetivos, Invitamos a las asociaciones, organizaciones sociales y políticas, fundaciones, entidades académicas, etc. de la Comunidad Autónoma de Madrid a participar en la Coordinadora para la Memoria Histórica y Democrática de Madrid.

1. Creemos imprescindible para la salud democrática de nuestra sociedad, y como primer paso del proceso de la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática, una Ley de Memoria histórica que condene el régimen franquista y contemple al menos los 13 puntos mínimos citados que comparten a escala nacional más de 120 entidades de Memoria. Su filosofía debe considerar que la Democracia española recuperada y los valores que gozamos en la actualidad son la continuidad institucional de la II República y que el periodo franquista fue una etapa “de excepción” histórica.
2. La Ley debe establecer el marco público e institucional del Deber de Memoria, la continuidad institucional y permitir un mecanismo de consulta y seguimiento de las organizaciones sociales y representativas de las víctimas que a lo largo de los años han trabajado a favor de la Memoria de la Libertad, como sucede en los países de nuestro entorno europeo.
3. Saludamos positivamente que un acuerdo político entre algunos grupos parlamentarios permita desbloquear y mejorar el texto del Proyecto de la Ley de Memoria.
4. Las organizaciones firmantes reafirmamos nuestra posición en el sentido de que la Ley debe contemplar la nulidad de todas las actuaciones judiciales represivas del régimen franquista.
5. La Ley debe establecer cuál debe ser la obligación de intervención de las administraciones públicas, en niveles competenciales diferentes, como las labores de investigación judicial, localización, identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, y en su caso exhumación, así como la divulgación de los resultados.
6. El reconocimiento de la nacionalidad de origen para los descendientes del exilio, así como de los denominados niños de Rusia y sus descendientes no puede confundirse con las modificaciones del Código Civil anunciadas para la opción de nacionalidad de los hijos y nietos de los emigrantes económicos. La Ley y el Código Civil deben contemplar las causas y condiciones extraordinarias y de fuerza mayor (la derrota de la II República y la represión franquista) que impidieron su registro en los consulados del régimen dictatorial.
7. El denominado Valle de los Caídos o Cuelgamuros exige un plan de actuación cuyo primer paso debe ser el traslado de los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera y su entrega a sus familiares para su adecuada inhumación privada, así como facilitar la entrega a los familiares que lo soliciten de los restos de las personas inhumadas en la cripta. A continuación su recinto e instalaciones deben regenerarse democráticamente y explicitar de manera visible y pedagógica las condiciones de su construcción y el contexto político y social de la época.
8. Se deben suprimir los artículos que limitan a las familias, a los investigadores y a toda aquella persona interesada en el conocimiento de la verdad para que puedan acceder a todos los archivos.

Debemos seguir avanzando en:

a) Las reformas necesarias de cuantos códigos y reglamentos jurídicos vigentes que permitan la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas y su declaración de ilegalidad.
b) La aplicación de las medidas de reconocimiento y reparación jurídicas, políticas, económicas y éticas contempladas en la Ley necesitarán un reglamento de desarrollo ágil que permita acelerar los procedimientos de investigación histórica así como la creación, desde la Administración, de servicios de investigación y asesoramiento a las víctimas y sus familiares, como se ha llevado a cabo con motivo de la gestión de las pensiones e indemnizaciones derivadas de la guerra civil española, de las ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y de las pensiones por actos de terrorismo.
c) Exigimos que el Estado español firme, sin dilación, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y que entró en vigor el 11 de noviembre de 1970.
d) El Ministerio de Educación debe proceder a revisar los planes de estudio para la adecuación de los contenidos de los libros de texto de la enseñanza obligatoria respecto al tratamiento dado al periodo republicano, la guerra civil y la dictadura
franquista. Asimismo, se debe incluir entre los proyectos prioritarios de Derechos Humanos de formación del personal docente los temas relacionados con la represión franquista y la Deportación de los Republicanos españoles en los campos nazis, entre otros temas históricos de notable relevancia para explicar el conocimiento de nuestro pasado.
e) La Administración debe establecer el Día oficial de recuerdo de la Deportación de los Republicanos españoles en campos nazis y la crueldad de la guerra.
f) En relación a los archivos y para facilitar el Derecho a la Verdad y el acceso a los documentos que testimonian la represión política entre julio de 1936 y junio 1977 y ayudar a las víctimas y sus familiares a alcanzar las medidas de reconocimiento y reparación establecidas en la legislación, pensamos que es necesario:

a. Aumentar las plantillas de archiveros y las dotaciones presupuestarias destinadas a los archivos públicos relacionados con esta etapa de modo que se pueda reconstruir, conservar, clasificar, etc. los fondos penales, judiciales, militares, diplomáticos y ofrecer las infraestructuras y los servicios que la sociedad demanda.
b. Regularizar el acceso a los archivos privados que contienen documentación sobre este periodo y ayudar a los archivos de las fundaciones de organizaciones políticas, sociales y culturales que facilitan el libre acceso a sus fondos y documentos.
c. Elaborar una Guía a nivel estatal de archivos y fuentes documentales para la historia de la República, la Guerra 1936-1939, la represión franquista y el exilio español.
d. Promulgar una Ley de Libertad de Información que regule el derecho de acceso a los archivos públicos, como establece el artículo 105.b) de la Constitución.
e. Reformar la Ley de Secretos Oficiales, de manera que se regulen los plazos concretos a partir de los cuales los documentos clasificados relacionados con la historia de la República, la Guerra 1936-1939, la represión franquista y el exilio español, pierdan esa calificación y sean accesibles a la consulta libre.
f. La inmediata desclasificación, por el Consejo de Ministros, de los fondos de la 2ª Sección (Información) del estado Mayor del Ejército, conservados en el Archivo General Militar de Ávila, correspondientes al período 1936-1977.

En el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid y de sus ayuntamientos dirigiremos nuestros esfuerzos para conseguir:

a) Directrices urbanísticas y medioambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos lugares, parajes y establecimiento relacionados con la Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista.
b) La obligatoriedad de las administraciones autonómica y locales de retirar menciones o signos de exaltación de la dictadura franquista o de personas vinculadas a la misma de todos los ámbitos públicos de su titularidad tales como monumentos, calles, plazas, edificios, etc.
c) La conmemoración del 7 de Noviembre como Día Oficial en recuerdo de la Defensa de Madrid. d) La colocación de una Placa en la antigua Sede de la Dirección General de Seguridad, situada en la Puerta del Sol en Madrid, en memoria de las víctimas, así como la conservación de sus antiguos calabozos para que se recuerde su historia represiva.

Madrid, Julio de 2007