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domingo, 29 de diciembre de 2013

Se abre una puerta para la exhumación de las víctimas en el Valle de los Caídos

LEl Valle de los Caídos.

El Valle de los Caídos.- EFE

a La lucha de María Purificación Lapeña por sacar del Valle de los Caídos a su abuelo Manuel Lapeña y a su tío abuelo Ramiro Lapeña ha abierto un nuevo resquicio de esperanza a las miles de familias que esperan poder sacar a sus familiares del Valle de los Caídos, donde 37 años después de la muerte de Franco sigue habiendo, al menos, 33.847 víctimas de la Guerra Civil, de las que unas 12.000 estarían sin identificar. El camino hacia la exhumación, la constatación de la muerte violenta, la identificación de los restos y la entrega a sus familiares se divisa aún largo y lleno de dificultades, pero en opinión del letrado "está ahora mucho más cerca". "Hemos dado un paso muy importante para la reparación de las víctimas", asevera letrado Eduardo Ranz, en declaraciones a Público.
Esta pequeña rendija de esperanza ha sido abierta por el recurso de súplica presentado por el Fiscal del Tribunal Constitucional Manuel Miranda Estrampes, que defiende que el recurso de amparo presentado por el letrado Eduardo Ranz ante el Tribunal Constitucional debe ser admitido. Ranz y Lapeña acudieron el pasado 20 de noviembre de 2012 al Juzgado de Instrucción número 1 de San Lorenzo de El Escorial donde solicitaron la exhumación de las dos víctimas. Tanto este Juzgado como la Audiencia Provincial de Madrid resolvieron sobreseer la causa al entender que los crímenes ya estaban prescritos en aplicación de la Ley de Amnistía.
Fue entonces cuando el letrado Ranz presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional donde alegó la ausencia de una tutela judicial efectiva en España para las víctimas de la Guerra Civil y sus familiares, el deber incumplido de los juzgados de investigar las desapariciones forzadas, la vulneración de la dignidad de las víctimas y la, a su juicio, errónea interpretación de los tribunales de la Ley de Aministía, que fue aprobada para permitir la liberación de los presos políticos y no para blindar la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas.
Así, el Fiscal Miranda plantea que dada "la especial transcendencia constitucional" y la "repercusión social" de las demandas de justicia, verdad y reparación de los familiares de las víctimas de la Guerra Civil, el máximo órgano constitucional debe aceptar el recurso de Ranz y sugiere la idoneidad de comenzar una investigación de todas las cuestiones relacionadas con las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil, incluyendo las circunstancias que dieron lugar a la muerte de las víctimas, los responsables de las mismas y la reparación de los familiares.
El Fiscal asegura que el TC nunca ha tenido la oportunidad de valorar la validez de la Ley de Amnistía como una ley de "punto final"En el recurso de súplica presentado, el Fiscal asegura que el Tribunal Constitucional nunca ha tenido la oportunidad de valorar la validez de la Ley de Amnistía como una ley de "punto final" ni los efectos que puede tener sobre el deber de los tribunales de realizar una "investigación judicial efectiva de hechos delictivos y su conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva". Asimismo, el Fiscal menciona la reiterada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de "investigar las denuncias de torturas u otros tratos crueles". Por último, el Fiscal también hace referencia en su escrito a las Observaciones Preliminares del Grupo de Trabajo de la ONU que hizo constar que en muchos casos de desapariciones forzadas "ha notado una ausencia total de análisis de la compatibilidad de la normativa y práctica interna española con las obligaciones internacionales del Estado".

Posibles consecuencias

El recurso presentado por el Fiscal no tiene precedentes hasta la fecha. No obstante, la presentación de este escrito por parte del Ministerio Público no asegura nada. En los próximos meses, el Tribunal Constitucional debe reunirse, a puerta cerrada, para deliberar sobre la idoneidad o no de admitir el recurso del Fiscal. En el caso de que el Tribunal Constitucional rectifique y admita el recurso se abre un abanico de tres posibilidades. "Es difícil saber qué pasaría en ese momento ya que es una situación que nunca se ha dado hasta el momento"; asegura Raz.
De esta manera, la primera de las posibilidades sería que el Tribunal Constitucional obligue al Juzgado de Instrucción Nº 1 de San Lorenzo de El Escorial a reabrir la causa con los nuevos criterios. La segunda opción consistiría en que el propio TC ordene la exhumación de las víctimas y, por último y más improbable, que la posible sentencia del TC a favor de la demandante contradijera la sentencia a este respecto del Tribunal Supremo en el llamado 'caso Garzón', y se reabriera la causa que abrió el magistrado, ahora inhabilitado por las escuchas de la Gürtel.
No obstante, el letrado Ranz asegura que la consecuencia más importante de una posible sentencia del TC a su favor sería que "se constituiría un precedente jurídico" que serviría para que el resto de familias que acrediten tener a sus familiares en el Valle de los Caídos pudieran comenzar un procedimiento judicial que finalizara con la exhumación de las víctimas.

domingo, 6 de octubre de 2013

España se resiste a juzgar el franquismo


El presidente Adolfo Suárez y los vicepresidentes Fuentes y Gutiérrez Mellado aplauden en pie con el resto de la Cámara Baja tras la aprobación de la ley de Amnistía. / CHEMA CONESA
España se resiste a juzgar el franquismo y también a que se lo juzguen otros. De momento, el Estado está reaccionando como Argentina o Chile hace 17 o 15 años, cuando era un juez español, Baltasar Garzón, quien reclamaba la detención de dictadores, militares o policías de ambos países en aplicación del principio de justicia universal. El Gobierno mintió para que no avanzara la causa abierta por una juez desde Buenos Aires, asegurándole por escrito que había “numerosos procedimientos judiciales abiertos” en España por los crímenes del franquismo. Después, vetó la toma de declaración por videoconferencia de las víctimas. Y ahora, tras las primeras imputaciones, contra cuatro torturadores de la dictadura —dos han muerto—, el Gobierno, jueces y fiscales la esquivan e invocan los argumentos que antes esgrimieron otros países: la ley de Amnistía de 1977.
Normalmente, las órdenes de Interpol se ejecutan en horas —así ocurrió recientemente, por ejemplo, con el pederasta indultado por error por el rey de Marruecos, Daniel Galván—, pero en este caso, 18 días después del auto por el que la juez argentina María Servini de Cubría los reclamaba para interrogarlos, siguen sin ser arrestados. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz comunicó a través de Interpol que dos de los reclamados habían fallecido y espera para citar a los dos que aún viven (el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño) a que las autoridades argentinas remitan a las españolas la documentación de extradición cumplimentada. Ruz, al igual que la fiscalía de la Audiencia Nacional, no considera necesario detenerlos cautelarmente ya que están localizados por las fuerzas de seguridad, informa Fernando J. Pérez. La fiscalía española, que no comprobó siquiera si los cuatro reclamados seguían vivos, mantiene que pueden estar amparados por la ley de Amnistía de 1977, lo que impediría su entrega.
Dos enviados de la ONU a España, un argentino y una bosnia, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, acaban de pedir al Gobierno que deje sin efecto la ley para juzgar aquí la desaparición de más de 114.000 españoles y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil y la dictadura.
El grupo pide, además, que España ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Desde el Ministerio de Justicia prometen “estudiar con detenimiento” sus peticiones. Pero todas las iniciativas presentadas hasta ahora para atender a ese llamamiento, que ya en anteriores ocasiones había hecho la ONU, han sido sucesivamente rechazadas en el Congreso. La mayoría del Parlamento (PP y PSOE) rechaza tocar la ley.
Las 204 páginas que ha redactado la juez María Servini de Cubría para pedir la detención de los torturadores españoles, acusados de crímenes contra la humanidad, colocan a España en el mismo lugar que Garzón puso a Argentina en 1996. Es decir, obliga al Estado a tomar postura sobre un asunto que allí, en su día, se intentó zanjar con dos leyes (de obediencia debida y punto final) y aquí por dos vías: la administrativa (la ley de Memoria Histórica) y la judicial (la sentencia del Supremo sobre la causa de Garzón y el auto de marzo de 2012 que cerró la vía para la investigación penal de esos crímenes en España).
Allí, tras un largo y accidentado proceso, que incluyó medidas para impedir la colaboración con la justicia española, finalmente, optaron por derogar sus leyes de amnistía. “Cuando España pidió la extradición de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en nuestro territorio en función del principio de justicia universal, los jueces nos encontramos en la disyuntiva entre enviarlos a que los juzgase una jurisdicción extranjera o juzgarlos nosotros”, recordaba a EL PAÍS, tras la muerte en prisión de Videla, Raúl Zaffaroni, uno de los siete juristas que anuló las leyes de amnistía argentinas. “En el primer caso, estaríamos dejando al país en la situación de una tribu y a todos sus ciudadanos en riesgo de ser procesados por cualquier país. La única solución era asumir la jurisdicción y juzgarlos conforme a nuestras leyes, por nuestros tribunales”.
Aquí, de momento, el Gobierno ha hecho todo lo que ha podido por desanimar a la juez argentina, y la justicia tampoco se ha dado prisa en complacerla. El fondo del asunto, como lo fue en otros países, es la ley de Amnistía. Argentina derogó las suyas con la llegada al poder de Néstor Kirchner. Chile y Guatemala la adaptaron de forma que se pudieran investigar las desapariciones forzadas de las víctimas. Perú tampoco aplica la suya. Brasil la mantiene.
Fue precisamente el auto por el que Garzón abrió, en 2008, una investigación sobre los crímenes del franquismo, el que resucitó el debate sobre la ley y provocó un juego de sillas entre partidarios y detractores de la norma: quienes con más ahínco la defendían en 1977 eran los que más empeño ponían tres décadas después en que se modificara o derogara y viceversa. Así, en 1977, era el diputado de Alianza Popular Antonio Carro quien se oponía a la ley: “No es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley”, decía. Y casi 36 años más tarde, el pasado 25 de septiembre, era el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), quien defendía en el Congreso la vigencia de la ley, tomando prestadas las palabras de un comunista, Marcelino Camacho: “La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas”. El suegro del ministro, José Utrera Molina, es, por cierto, una de las imputaciones que solicitan los querellantes. ¿Qué ha pasado en 36 años para que un diputado del PP termine parafraseando a un comunista precisamente para responder a otro, Cayo Lara, quien acababa de decir que “ninguna ley de amnistía puede ser utilizada como ley de punto final”? Estas son las distintas posiciones y argumentos.
Garzón: “No afecta a crímenes de lesa humanidad”.
El juez argumentó que los hechos denunciados por las víctimas del franquismo no entraban dentro de la ley de Amnistía porque esta norma amnistiaba “actos de intencionalidad política” y él, explicaba, estaba investigando crímenes contra la humanidad, que no prescriben. Garzón apoyaba su argumento en la jurisprudencia de tribunales internacionales (el especial para Sierra Leona, Estrasburgo, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

El Supremo: “La ley de amnistía está vigente”.

El juez del Supremo Luciano Varela calificó de “imaginación creativa” la argumentación de Garzón y en abril de 2010 abrió un caso contra él por prevaricación. El alto tribunal terminó absolviéndole, pero en la misma sentencia quiso zanjar el debate jurídico sobre la ley de Amnistía y la posibilidad de juzgar el franquismo. La sentencia recordaba que la fiscalía calificó los hechos de “delitos comunes” y prescritos. Y argumentaba que, aunque en otros países existían los llamados “juicios de la verdad”, en España ese papel corresponde “a los historiadores”, no a los jueces, ya que solo es posible realizar una investigación cuando existe un responsable vivo. La ley de Amnistía, destacaban, “tuvo un evidente sentido de reconciliación” en la transición española, “tan alabada nacional e internacionalmente”, y “ningún juez puede cuestionar la legitimidad de ese proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento”.

El Parlamento: la ley de amnistía no se toca.

El Congreso ha rechazado en varias ocasiones iniciativas para modificar la ley de forma que los crímenes del franquismo se puedan juzgar en España. El pasado septiembre, Ruiz-Gallardón recurría a Marcelino Camacho para justificar ante Cayo Lara la vigencia de la norma. Unos meses antes, en abril, el Gobierno respondía a otra pregunta parlamentaria de Gaspar Llamazares con la misma idea: “Ha sido un instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles. El Tribunal Constitucional se ha manifestado a favor de la misma”.

El PSOE tampoco es partidario de tocarla

“Fue una ley necesaria y no creemos conveniente revertirla”, explica a EL PAÍS Ramón Jáuregui, exministro del segundo Gobierno de Zapatero. “Comprendemos los sentimientos. Estamos mucho más cerca de los torturados que de los torturadores, pero seguimos convencidos de que la ley estuvo bien hecha. Algunos perdonamos mucho más que otros, pero el perdón fue colectivo. Y esa decisión es la base de una convivencia reconciliada”. Preguntado por la posibilidad de que el franquismo se juzgue en Argentina, responde: “Yo acepto la justicia universal, pero creo que siempre tiene que ser sometida a los criterios de la soberanía popular. El proceso argentino está cargado de buenas intenciones, pero en España decidimos hace mucho tiempo que no nos íbamos a pasar factura de lo que hicimos antes de 1976”.
Gaspar Llamazares, por lado, insiste: “No hace falta derogar la ley, basta con modificarla para impedir cualquier interpretación de impunidad de los crímenes del franquismo. Si no, haremos el mismo papel que hizo Chile con Pinochet. Sería una vergüenza que el franquismo se termine juzgando en Argentina. Demostraría que somos unos hipócritas que hace años dábamos lecciones a los demás”.
La ONU: “España está obligada a investigar”
La declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992 y la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que España ratificó en 2009, “impide expresamente la aplicación de la ley de Amnistía para estos delitos”, explica Ariel Dulitzky, uno de los enviados de la ONU. “España está obligada internacionalmente a no aplicar los efectos de la ley que impiden una investigación judicial. El poder judicial no puede presumir que han muerto sin investigar, y la prescripción no empieza a contar hasta que los familiares de la víctima saben su paradero”. Dulitzky cree que, tarde o temprano, España tendrá que enfrentarse al problema. “La demanda de justicia de las víctimas no va a cesar. Han pasado 70 años y las familias siguen ahí, pidiendo justicia, verdad y reparación”.

sábado, 28 de septiembre de 2013

El ‘Jaque al Rey’ concentra a más de un millar de personas en Madrid


Los manifestantes se tuvieron que resguardar de la lluvia a su paso por la Gran Vía de Madrid, camino del Palacio de Oriente. / SAMUEL SÁNCHEZ
Unas 1.500 personas, convocadas por la Coordinadora 25-S, se manifestaron este sábado en Madrid pidiendo la abolición de la monarquía bajo el lema Jaque al Rey. La marcha pretendía llegar al Palacio Real y concentrarse allí indefinidamente, pero la fuerte lluvia —que fue mermando los asistentes hasta dejarlos en unos 200— y la abundante presencia policial —que les cortó el camino en las inmediaciones del palacio— les impidieron hacerlo.
Finalmente, los convocantes leyeron un comunicado frente al cercano Teatro Real exigiendo la apertura de un proceso “destituyente y constituyente” que acabe con el actual sistema de monarquía parlamentaria, que consideran “ilegítimo y corrupto”. Al acabar, llamaron a disolver la concentración. Varias decenas de jóvenes permanecieron alrededor de una hora coreando gritos contra el centenar de policías que les custodiaban y cercaban las calles del centro de Madrid. Después, se dispersaron.
Los manifestantes gritaron eslóganes como “los Borbones a los tiburones” y “Reforma laboral a la Casa Real”. Los convocantes dijeron haber denunciado en los juzgados de la plaza de Castilla el “desproporcionado” despliegue policial que, según dijeron, retuvo a unos 60 jóvenes asistentes cerca de la plaza de Legazpi para impedirles llegar a la convocatoria. También denunciaron el bloqueo de dos autobuses procedentes de Valladolid, cuyo viaje fue interrumpido por la policía para identificar a sus ocupantes. En la Delegación del Gobierno en Madrid, y en directo, la delegada Cristina Cifuentes, aún de baja por el grave accidente de moto que sufrió en agosto, controló el desarrollo de la manifestación.
Cristina Cifuentes, esta tarde a la Delegación del Gobierno. / EFE
En la marcha se vieron camisetas verdes, contra los recortes en Educación, pero, sobre todo, banderas republicanas y lemas antimonárquicos. La horquilla de edad incluía desde adolescentes hasta jubilados, que fueron, quizá, los más combativos. Al final, sin embargo, fueron los más jóvenes los más frustrados por no poder llegar a su objetivo. “La lucha continúa. Volveremos”, dijeron antes de marcharse.

martes, 24 de septiembre de 2013

Argentina abre todos sus consulados para recoger denuncias contra el franquismo

La orden de detención de cuatro presuntos torturadores sigue su trámite

La juez Servini pidió la apertura de las sedes diplomáticas a las víctimas de la represión

Represaliados del franquismo, en noviembre de 2012, tras entregar en la embajada argentina más de 2.000 testimonios de apoyo a la querella. / SAMUEL SÁNCHEZ
Argentina ha habilitado sus consulados en todo el mundo para que puedan recibir denuncias de víctimas del franquismo, según han informado fuentes judiciales de ese país. La juez de Buenos Aires que investiga los crímenes del régimen, María Servini de Cubría, había solicitado hace seis meses al Ministerio de Relaciones Exteriores que abriese las puertas de sus sedes en el extranjero para que sus diplomáticos recojan testimonios de víctimas y estas no tuvieran que viajar a Buenos Aires para presentarlos. La respuesta de Exteriores a la juez llegó el pasado jueves, un día después de que la juez pidiera la detención de cuatro presuntos torturadores del franquismo.
 “No es una decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Nosotros le pedimos en marzo que los consulados tomen las declaraciones y el ministerio tenía la obligación de aceptarlo", explicaron en el juzgado de Servini. El pasado jueves, funcionarios del ministerio llamaron a los tribunales para comunicarles que todos los consulados ya habían recibido la orden de tramitar las denuncias de represaliados españoles del franquismo, según explicaron las citadas fuentes.
En el juzgado de María Servini de Cubría explicaron que aquellas personas interesadas en denunciar crímenes del régimen franquista solo deben concurrir a un consulado argentino. Allí cualquier diplomático deberá tomarle declaración y el cónsul tendrá que certificarla, como si fuera un notario. Ese testimonio será remitido a la juez de Buenos Aires.
Este paso culmina un proceso abierto en Argentina en 2010. Ese año, ante la falta de progreso de las causas contra el franquismo en España,algunos familiares de víctimas presentaron denuncias en Argentina para que se investigaran allí los “crímenes del terrorismo de Estado”, considerados imprescriptibles, bajo el criterio de justicia universal. ¿Por qué Argentina? Porque en este país residen muchos parientes de represaliados; porque en Argentina se abolieron en 2006, con el Gobierno de Néstor Kirchner, las amnistías que protegían a los criminales de la última dictadura militar de los años 1976 a 1983 (y desde entonces han sido condenados más de 300 culpables); y porque todo esto fue posible por la presión que en los 90 supuso que el entonces juez Baltasar Garzón comenzara a investigar en España los delitos de los regímenes argentino y chileno (1973-1990) bajo el criterio de justicia universal.
En los últimos tres años se han acumulado en la causa argentina contra el franquismo miles de testimonios, pero ahora puede que se sumen más con la apertura de las oficinas de recepción de denuncias. Este posible aumento de las denuncias contra el franquismo contribuyen dos factores: que con la apertura de los consulados los posibles denunciantes no tendrán que acudir a Buenos Aires para prestar su testimonio y el impacto mediático que ha tenido la orden de detención contra los cuatro acusados de torturas.
La juez Servini había prometido en 2012 que viajaría a España a tomar declaraciones de querellantes, pero suspendió su periplo por falta de recursos, según han asegurado los abogados de los denunciantes. Después planeó para mayo pasado que en el consulado argentino en Madrid se montara una teleconferencia para que ella pudiera escuchar a las víctimas, pero fue suspendida a último momento.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España se quejó entonces ante el embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, por organizar en el consulado de la capital española la citada teleconferencia. España advirtió a Argentina de que si la llevaba a cabo violaría el tratado bilateral de cooperación judicial. Ahora, las fuentes consultadas en el juzgado de Servini subrayan que el Gobierno de Mariano Rajoy no puede oponerse a que los cónsules argentinos en cualquier país certifiquen testimonios de represaliados.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visita desde es lunes España, donde permanecerá hasta el próximo lunes. Los expertos de la ONU examinarán las medidas adoptadas por el Estado español sobre cuestiones relativas a la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas o involuntarias de personas. Para este martes está prevista una protesta de la plataforma por la Comisión de la Verdad ante el hotel de Madrid en el que han instalado su base los enviados de Naciones Unidas.

Las órdenes para detener a los torturadores no llegan

María Servini de Cubría. / REUTERS
Los trámites burocráticos están retrasando la llegada a España de las órdenes de detención de cuatro supuestos torturadores del franquismo (el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy El Niño).
La orden de detención que dictó la juez María Servini de Cubría fue emitida el miércoles pasado pero hasta el viernes de esa misma semana no llegó al Ministerio de Exteriores de Argentina. Desde allí, la petición debe trasladarse a Interpol y al Gobierno de España, que a su vez la transmitirá a la justicia. Fuentes de Exteriores de Argentina no precisaron si ya ha sido enviada.
Una vez que la justicia española reciba la petición, puede que no la responda, pero si lo hace tiene dos opciones, según fuentes judiciales argentinas. O ejecuta la detención de los imputados para su posterior extradición o inicia una investigación propia de los delitos de los que se los acusa, según lo dispuesto por el tratado bilateral de cooperación judicial. No obstante, el Ministerio del Interior ha asegurado que en el momento en que lleguen a España las órdenes las ejecutará y llevará los encartados ante la Audiencia Nacional.

domingo, 22 de septiembre de 2013

ACTO-HOMENAJE AL COMPAÑERO GERVASIO.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN, Y LA FAMILIA DE GERVASIO PUERTA,
SE COMPLACE EN INVITAROS AL HOMENAJE PÓSTUMO
A NUESTRO PRESIDENTE DE HONOR: JUAN-GERVASIO PUERTA GARCÍA.
 
FECHA:  SÁBADO, DÍA 28 de septiembre de 2013.
HORA:   11:00 AM.
LUGAR:  Auditorio de CC.OO. "Marcelino Camacho" (calle Lope de Vega, 40), Madrid.
 
Salud y República,Antonio L. Ros Soler,
Secretario de la JD-AERPA.

http://http://www.asocexpresospoliticos.org/
 

A LOS TORTURADORES SE LES ESTRECHA EL CERCO


Quizás no los detengan porque este gobierno es franquista, aunque no se atreve a confesarlo, pero al menos aprovechemos para dar la máxima publicidad de las prácticas de estos energúmenos. Que sus conocidos, vecinos, amigos y familiares sepan quiénes son y las salvajadas que hacían, y que dejen de sentirse impunes, sino penalmente sí socialmente. Difundid estas noticias. Hay un enlace a un vídeo de tres minutos con tres o cuatro testimonios, pero si no se abre desde el mensaje que os mando, pinchad en el enlace de la noticia.


http://www.publico.es/469716/nos-torturo-gente-de-nuestra-misma-generacion-con-solo-23-o-24-anos

"Nos torturó gente de nuestra misma generación, con sólo 23 o 24 años"

“Me tuvieron colgado por una ventana, esposado con las manos atrás y sujetándome sólo por los pies, creí que me iban a tirar” cuenta una de las víctimas de las brutalidades cometidas por la Brigada Político-Social del franquismo, en un nuevo documental del periodista Jordi Gordon

PÚBLICO Madrid 21/09/2013 17:08 Actualizado: 21/09/2013 19:10

"A mi padre le habían torturado hasta la muerte, un amigo de mi padre murió allí", cuenta Luis Pérez, una de las muchas víctimas de las torturas cometidas por la Brigada Político-Social, principal cuerpo policial represor de la dictadura de Francisco Franco. "Me tuvieron colgado por la ventana por la que habían tirado a Grimau, esposado con las manos atrás y sujetándome sólo por los pies, creí que me tiraban" (...) "Me tuvieron colgado un buen rato para que hablara, y el otro [policía] aprovechaba para decir: ‘te van a matar igual que a Grimau, dime un nombre'", recuerda Pérez.
Como él, un grupo de personas torturadas por la policía del régimen --que también se han adscrito a la querella contra los crímenes del franquismo que tramita la juez argentina María Servini de Cubría-- han elevado su voz en un nuevo y todavía inacabado trabajo audiovisual de Jordi Gordon, autor de La cultura vigilada, documental en el que numerosos intelectuales y artistas, como Caballero Bonald, Juan Marsé, Raimon o Pere Portabella, recordaban algunos de los oscuros episodios vividos durante la dictadura.
La publicación de estos nuevos testimonios coincide con la visita oficial a España del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI), que tendrá lugar del 23 al 30 de septiembre, y para la que la plataforma por la "Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo" -que también ha lanzado otro documento audiovisual - ha preparado una campaña de denuncia.
Precisamente, la Plataforma se entrevistará el próximo martes con los representantes de la ONU para hacerles llegar uninforme con la situación de abandono que sufren las víctimas del franquismo y sus familiares, días después de que la juez Servini haya ordenado la detención cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González; y el exinspector de la Brigada Político-Social José Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño.
"Esa es probablemente la detención en la que más me torturaron", cuenta José María Galante en el vídeo "Me rompieron la nariz de un culatazo y me abrieron la cabeza... es probablemente la detención en la que más me torturaron" cuenta otro de los agredidos, José María Galante, en el próximo documental de Gordon."Fui esposado al radiador, tumbado, con dos policías turnándose golpeando las plantas de los pies en tandas muy largas --de veinte minutos a media hora-- y el tercer policía detrás golpeando el encuentro del cuello y los hombros. Nos torturó gente de nuestra generación, nos torturó gente que tenía 24 años, o 23", recuerda Acacio Puig, uno más de los que fueron víctimas de los torturadores franquistas, que hasta ahora han gozado de la más absoluta impunidad.
Sin embargo, la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo --una iniciativa que impulsan más de cien asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo-- y la Justicia argentina ya han alcanzado metas que en nuestro país nunca se lograron --o no se quiso alcanzar--.
Según los autos del exjuez Baltasar Garzón, la represión franquista dejó al menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.

Comunicado de la Comisión de la Verdad ante la visita del GTDFI de la ONU



Comunicado de la Comisión de la Verdad ante la visita del GTDFI de la ONU

by comisiondelaverdad
Fosas con miles de cadáveres sin nombre, más de 130.000 desaparecidos, niños robados…. los crímenes del franquismo siguen sin resolverse.
La plataforma por la Comisión de la Verdad denunciara ante la ONU esta deuda pendiente de la democracia española con las víctimas.

Ayúdanos a denunciar ante la ONU la indefensión de las víctimas. ¡Que escuchen el clamor democrático de la sociedad!

Con motivo de la visita oficial a España del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI), la Plataforma por la Comisión de la Verdad convoca, del 23 al 30 de septiembre, una semana de movilización de la opinión pública y la sociedad para denunciar ante la ONU el desamparo jurídico y político que sufren en nuestro país los desparecidos y niños robados del franquismo.
La Plataforma denunciará en la entrevista con este organismo de la ONU que en España siguen sin resolverse miles de delitos de desapariciones forzosas. Unos crímenes sin resolver, a los que se suman los casos de decenas de miles de niños robados durante la dictadura, cuya identidad también ha desaparecido.
Los cálculos más moderados hablan de 130.000 personas desaparecidas. Mientras miles de víctimas de la represión franquista siguen sepultadas en más de dos mil fosas comunes que estando localizadas no se han abierto todavía. Son víctimas ejecutadas sin nombre cuyos familiares, todavía hoy, siguen sin poder recuperar sus restos porque ni el gobierno, ni la justicia ni el parlamento lo permiten.
La entrevista se celebrará en el marco de las reuniones que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) mantendrá con asociaciones y representantes de la sociedad civil para obtener información sobre cómo nuestro país ha abordado el tema de sus desaparecidos. Los representantes de la ONU también se reunirán con las autoridades españolas.
Por eso, la plataforma por la Comisión de la Verdad invita a expresar durante la visita de los representantes de la ONU la solidaridad con las víctimas y sus familias y para que el gobierno de España cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Se trata de levantar un verdadero clamor democrático ante la ONU y de apoyo a las víctimas y sus familiares para lograr que el gobierno y las Instituciones reconozcan a las víctimas su derecho a la verdad, justicia y reparación.
La Plataforma se dirige a todas aquellas personas comprometidas con las libertades democráticas, los derechos humanos, la justicia y la solidaridad, y a todos los que sufrieron la represión de la dictadura franquista para invitarles a participar en esta denuncia ante la ONU.
Personalidades de la vida pública como Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza, Iñaki Gabilondo, Ruben Ochandiano, Carlos Jiménez Villarejo, Almudena Grandes, Manuel Rivas, Luis García Montero, Pilar Bardém, María Barranco, Mamen Mendizábal entre otras muchas han expresado su compromiso y su apoyo a esta iniciativa.
La Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo es una iniciativa que impulsan más de cien asociaciones memorialistas y víctimas del franquismo, así otras muchas entidades cívicas y organizaciones sociales y sindicales.
Persigue la creación de una Comisión de la Verdad independiente que establezca la verdad histórica sobre los crímenes de la dictadura franquista, tal como recomiendan la ONU, el Consejo de Europa y Amnistía internacional, entre otras instituciones, y que esa verdad sobre los crímenes de la dictadura franquista pase a formar parte de la historia oficial de España.