PELICULA-DEBATE: SALVADOR (PUIG ANTICH)

SALVADOR, de Manuel Huerga Sábado, 13 de septiembre a las 20,30 horas CINETECA MATADERO Participarán en el debate posterior: PABLO IGLESIAS (PODEMOS) y MANUEL BLANCO CHIVITE (escritor y editor)

Procesan a los asesinos de Víctor Jara

JOAN JARA, VIUDA DEL CANTAUTOR CHILENO, DIJO QUE LA DECISION JUDICIAL MARCA UN AVANCE EN LA INVESTIGACION El ministro Miguel Vázquez encausó a los oficiales retirados Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso en calidad de autores del crimen del cantautor y al fiscal militar Ramón Melo Silva como encubridor. na23fo01 Víctor Jara fue asesinado el 16 de septiembre de 1973. Por Christian Palma⎮Página12⎮4 septiembre 2014 Desde Santiago La Corte de Apelaciones de Santiago subió un nuevo peldaño en su afán de hacer justicia con el cantautor popular chileno Víctor Jara, torturado y luego asesinado por los militares cinco días después del golpe de Estado perpetrado por Pinochet. Ayer, el ministro Miguel Vázquez dictó nuevos procesamientos en el marco de la investigación por el sangriento hecho ocurrido el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile, que hoy lleva el nombre del artista. Así las cosas, Vázquez sometió a proceso a los oficiales (R) del Ejército Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso en calidad de autores del crimen y al fiscal militar Ramón Melo Silva como encubridor de los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director del Servicio de Prisiones Littré Quiroga Carvajal. El fallo reconfirmó lo ya sabido. El 11 de septiembre de 1973, cuando los militares tomaron el poder, bombardeando incluso La Moneda, unos 500 profesores y estudiantes se atrincheraron en la Universidad Técnica del Estado (hoy de Santiago). Entre ellos Jara, que daba clases ahí. No resistieron mucho. Hubo muertes y a los detenidos se los llevó al Estadio Chile. “Los uniformados procedieron el día 12, previo disparos de proyectiles de diversa naturaleza, a ocupar sus dependencias y a la detención de docentes, alumnos y personal administrativo que luego fueron trasladados en buses de locomoción colectiva hasta el entonces Estadio Chile. Entre los docentes aprehendidos se encontraba el cantante popular y también investigador de dicha universidad Víctor Lidio Jara Martínez, quien ingresó al Estadio Chile junto con el referido grupo de detenidos, indica el documento. Agrega que el mismo 11 de septiembre, Littré Quiroga fue trasladado a la Tercera Comisaría de Santiago, siendo luego conducido al Regimiento Blindados Nº2, donde fue sometido a apremios físicos y, en las horas subsiguientes, al Estadio Chile, lugar de detención masiva, habilitado como tal, por medio de la coordinación del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército de Chile. El documento señala que “durante los respectivos períodos de su detención, tanto Víctor Jara como Littré Quiroga fueron reconocidos por el personal militar instalado al interior del Estadio Chile, siendo separados del resto de los prisioneros, donde fueron agredidos físicamente en forma permanente. Jara incluso sufrió la fractura de sus manos a culatazos”. “Toca la guitarra ahora”, le habrían dicho sus captores. El día 16 se procedió al traslado de todos los detenidos del Estadio Chile, con excepción de Jara, Quiroga y Danilo Bartulín, los dos primeros fueron llevados al subterráneo, mientras que a Bartulín se lo llevaron a otro recinto. Ahí, en lo más oscuro del estadio se les dio muerte. Jara recibió al menos 44 impactos de bala, Quiroga otros 23. Todos de calibre 9,23 milímetros, según se precisó en los informes de autopsia. Ese era el armamento que utilizaban los oficiales del ejército que se encontraban en dicho recinto. Los cadáveres fueron encontrados en los días posteriores junto a otros fallecidos de identidad desconocida –muertos igualmente a balazos– por pobladores en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, “en un terreno baldío cercano a la línea férrea”, consigna el fallo, tal como publicó Página/12 el 22 de enero de 2013, luego de entrevistar a un funcionario forense que reconoció a Jara en la morgue y logró darle una sepultura digna. Cabe consignar que entre diciembre de 2012 y enero de 2013 el ministro Vázquez sometió a proceso como responsables de los homicidios de Víctor Jara y Littre Quiroga a los miembros del ejército Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez en calidad de autores y a Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei, Luis Bethke Wulf y Jorge Smith Gumucio como cómplices. Respecto de Pedro Barrientos Núñez, en enero de 2013 la Corte Suprema solicitó su extradición a Estados Unidos, donde reside. Sin embargo, dicho país aún no da respuesta a la petición. Con los nuevos procesamientos suman cuatro los imputados en calidad de autores materiales del homicidio: Hugo Sánchez Marmonti, Pedro Barrientos Núñez, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso. Conocida la noticia, Joan Jara, viuda del cantautor, dijo que la decisión del ministro marca un avance en la investigación. “Han pasado tantos años, pero hoy escuché por primera vez una lectura de los hechos que hemos sabido durante mucho tiempo. A través de lo que nos han dicho los conscriptos, escuchamos lo que pasó con Víctor en el Estadio Chile después de 41 años, hay que celebrarlo y esperar que esta investigación siga adelante”, sostuvo la viuda del autor de “Te recuerdo Amanda” y “El derecho de vivir en paz”, entre otras canciones que ayer sonaron más fuerte de lo habitual.

Sánchez y el holocausto español

Ian Gibson Ian Gibson, El Periódico, 3.09.2014 En septiembre del 2013 visitó este país el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas. No tardó en dar a conocer sus observaciones preliminares. Razonaba que, con más de 100.000 víctimas del franquismo todavía en cunetas y fosas comunes, el Estado español se estaba negando de manera flagrante a cumplir sus obligaciones hacia ellas y sus familias. Y a respetar la legislación internacional. El largo documento contenía una serie de recomendaciones. En primer lugar, que España ratificara cuanto antes la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. «El grupo de trabajo (…) llama a los tribunales españoles (…), insta al Estado (…), considera de fundamental importancia (…), hace un llamado a la judicatura (…), destaca la importancia (…), subraya que (…), llama a que los responsables de la Administración…». El tono del escrito era mesurado, respetuoso, eso sí. Pero sus autores no tenían la menor duda de que hasta la fecha solo se habían dado «pasos tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones cometidas durante la guerra civil y la dictadura». En cuanto a la ley de memoria histórica elaborada en la última etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo llamó la atención sobre su «limitado alcance». Denunció que siguiera vigente la preconstitucional ley de amnistía de 1977. Y, por lo que les tocaba a los familiares de los fusilados -había hablado con centenares de ellos-, opinaba que su sufrimiento tan prolongado se convertía en «la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se haya esclarecido». Rajoy había declarado, en febrero del 2008, que eliminaría de la ley de la memoria histórica todos los artículos que hablaban de utilizar dinero público para «recuperar el pasado». Ya lo sabemos, el PP desprecia que se hable de «reconciliación» e insiste siempre en que buscar a los muertos del otro bando es «remover el odio», «reabrir heridas»… El presidente ha sido fiel a su palabra. No ha suprimido ningún artículo de la ley, es cierto, pero sí ha impedido que lleguen los fondos necesarios para que las asociaciones privadas puedan llevar a cabo las exhumaciones deseadas. Además, el Gobierno ha cerrado la oficina de atención a las familias, creada por los socialistas: un detalle desdeñoso que lo dice todo. El 2 de julio pasado, el grupo de trabajo hizo público su informe definitivo. Es un documento devastador, implacable. Su redactor, Ariel Dulitzky, afirma que la más importante de las recomendaciones -son 42- es que «el Estado asuma su responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas». Reputa también crucial que la judicatura deje de utilizar la ley de amnistía para no investigar. El grupo de trabajo está al tanto de los obstáculos para acceder a ciertos archivos (los de la Iglesia, por ejemplo). Y reconoce que en Catalunya, Andalucía y el País Vasco las cosas se han hecho, y se están haciendo, bastante mejor. Lo fuerte es que le da al Gobierno un plazo de 90 días para que indique qué medidas va a adoptar para implementar sus sugerencias. Me imagino la reacción del Ejecutivo. ¿Cómo se atreven a meter las narices en nuestros asuntos internos estos pelmazos extranjeros? ¿No nos bastaba ya con la intromisión de la jueza argentina? Yo no espero nada en este terreno del Gobierno actual, que hará lo posible para no cumplir con sus obligaciones hacia los inmolados y los suyos. Lo positivo (espero no equivocarme) es que el PP no volverá nunca en solitario a la Moncloa. Hemos cruzado el rubicón, ahí está Podemos (que previsiblemente va a seguir subiendo como la espuma), y los dos principales partidos ya están más o menos empatados. Habrá pactos electorales, quiero creerlo, para asegurar que los populares no retomen las riendas. Lo que me preocupa ahora, en consecuencia, no es el PP sino el PSOE. Y es que no he visto ninguna declaración de intenciones por parte de Pedro Sánchez relativa a las fosas de la dictadura. O al Valle de los Caídos. Y es inquietante porque, de no resolverse cuanto antes este gravísimo problema, pienso que España nunca estará en condiciones de afrontar el futuro con la conciencia tranquila. Por todo lo cual es muy de desear que Pedro Sánchez nos diga pronto si ha leído el informe del grupo de trabajo de la ONU, y cuál va a ser su política en la materia si llega a ser presidente del próximo Gobierno. También sería positivo que se pronunciara sobre el asunto otro líder como Pablo Iglesias. Creo que tenemos derecho a saber a qué atenernos.

Homenaje a Salvador Allende; 12 sept. Ateneo de Madrid‏

Acto de homenaje a Salvador Allende ATENEO DE MADRID Calle del Prado, 21 - Madrid Viernes 12 de septiembre de 2014 - 19:30 h. La Agrupación ateneística Juan Negrín y el Ateneo de Madrid organizan un gran Acto de homenaje y recuerdo a Salvador Allende y al Gobierno de la Unidad Popular, en el 41º aniversario del golpe de estado en Chile. Colaboran: Asociaciones chilenas de la Memoria Invitamos a participar en este acto a todos los amigos de la causa democrática chilena y latinoamericana. Intervendrán representantes del Ateneo y de las organizaciones chilenas Acto poético-musical con la participación del cantautor chileno Lucho Roa.

CAUM: DEBATE SOBRE PODEMOS‏

Debate sobre PODEMOS Intervienen: WILLY TOLEDO e IÑAKI ERRAZKIN Modera: CARLO FRABETTI Viernes, 12 de Septiembre, a las 19 horas CAUM - Atocha, 20 - 1º izqda. - MADRID

COORDINADORA 25S

El 4 de octubre, Rodea el Congreso contra la DICTADURA Se presenta un otoño que desde la Coordinadora 25s hemos querido llamar Otoño Destituyente, con movilizaciones y consultas por el derecho a decidir de los pueblos tanto en Cataluña como en Canarias, con la lucha feminista creciendo cada día y tomando la relevancia necesaria para acabar con este sistema, con las Marchas de la Dignidad preparando una semana de lucha para noviembre, la movilización frente a la ley mordaza… Dentro del marco de estas luchas, en las que participamos activamente, vamos a aportar un Rodea el Congreso contra la Monarquía y por los Procesos Constituyentes, para el 4 de octubre. De esta forma, el calendario de este Otoño Destituyente sería: 11 de septiembre: Diada. 28 de septiembre: Día mundial por un aborto libre, seguro y gratuito. 4 de octubre: Rodea el Congreso. 21, 22 y 23 de octubre: Huelga general de la enseñanza. 24 de octubre: Manifestación contra la monarquía en los Premios Príncipe de Asturias. 9 de noviembre: Consulta en los Països Catalans. 29 de noviembre: Semana de luchas en todo el Estado de las Marchas de la Dignidad. Nos gustaría contar también contigo para preparar esta movilización. Para ello, cada domingo de aquí al 4 de octubre estaremos a las 11h de la mañana en la Plaza de Oriente, trabajando asambleariamente con quien quiera venir. Todo el mundo es bienvenido, siempre con respeto, sin actitudes machistas, racistas ni fascistas. Esperamos que os animéis a participar. rodea-el-congresoSomos conscientes de que el régimen intenta que la movilización popular se diluya, y para eso además de la represión usa otras armas. Intenta crear la ilusión del fin de “la crisis” contra toda evidencia para recuperar el “consenso social”. Da mensajes sobre la disminución de manifestaciones, que no responden a la realidad de un año en el que las movilizaciones contra pilares fundamentales del régimen están siendo muchas y numerosas: Jaque al Rey, Día de la Mujer, Rodea el Congreso el 14D, Marchas de la Dignidad… Un régimen que, como hacen todas las democracias capitalistas, exhibe la esperanza vacía de un cambio en elecciones cada 4 años, que además intenta amañar. Estas estrategias no son más que un reflejo de su debilidad y un aliento para seguir movilizándonos. Todos los procesos constituyentes que han sido realmente democráticos, justos y han acabado en un gobierno del pueblo y no de una oligarquía, se han impulsado desde la movilización popular. Vamos en el buen camino. No vamos a ganar a los partidos del régimen del 78. Vamos a VENCER al régimen del 78. 4 de Octubre , Rodea el Congreso – “Procesos constituyentes YA! Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción”. Y es que dentro de este contexto, entendemos que para impulsar el proceso destituyente-los procesos constituyentes es necesario trabajar contra el Régimen monárquico, ya que es una piedra angular del Régimen del ’78. La lucha antimonárquica se constituye como eje central que demarca la línea entre ruptura y reforma (algo parecido a lo que ocurrió durante la llamada Transición). No bastan solo discursos que vengan a mencionar el proceso constituyente como necesario, pero desde una posición de vacío en la práctica destituyente concreta. Debemos señalar, y por ello vamos a volver a hacerlo, a la institución monárquica como un eslabón clave y muy deslegitimado del conjunto del entramado del Régimen, que como decimos está en un momento de debilidad, dando así una respuesta ante la línea argumental de éste, que pretende recomponer su legitimidad a través de la figura concreta de Felipe VI como elemento regenerador, y planteando la posibilidad de un Régimen monárquico y democrático. La movilizacion del 4 de octubre es un paso fundamental en este Otoño Destituyente. Y tu trabajo es necesario!

Los 10 suspensos de la ONU a España en memoria histórica

El relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos destaca los “vacíos” institucionales en materia de verdad y justicia. Pablo de Greiff critica en su informe la ‘privatización’ de las exhumaciones, la falta de información oficial y la Ley de Amnistía. Recomienda que el Valle de los Caídos deje de ser un sitio de “exaltación del franquismo” y recuerda al Gobierno que debe juzgar o extraditar a los acusados de torturas en la causa argentina. Natalia Chientaroli⎮El Diario⎮28/08/2014 Amnistía Internacional denuncia la impunidad con la que la justicia trata los crímenes del franquismo Amnistía Internacional denuncia la impunidad con la que la justicia trata los crímenes del franquismo Son 20 páginas las que ha necesitado Pablo de Greiff,relator especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas. La sentencia es contundente: “No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de “ privatización” de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales…”. Además, De Greiff critica duramente las “ interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía” que “no sólo niegan el acceso a la justicia sono que también impiden cualquier tipo de investigación”. El relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, realizó una visita oficial a España del 21 de enero al 3 de febrero de este año. En esas semanas se reunió con numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la memoria histórica, además de varios miembros del Gobierno. Entre ellos, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo. De sus contactos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, De Greiff destaca que el enfoque ‘oficial’ es maximalista. “Varios representantes enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: ‘O todos concluimos que ya estamos todos reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”, explica el relator. Su opinión es absolutamente contraria, ya que se basa en la fortaleza y estabilidad de la democracia española. Por el contrario, cree que “los vacíos en la respuesta institucional al tema [...] de la Guerra Civil continúan siendo objeto de diferencias más profundas de lo que podrían ser”.”Resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas”, concluye el especialista de la ONU. 1. Remoción de símbolos franquistas De Greiff considera positiva la Ley de Memoria Histórica de 2007 que obliga a quitar todos los símbolos y monumentos que exalten el franquismo. Asegura que el Gobierno le informó de que la mayoría de ellos ya se había retirado. Sin embargo, destaca que posee información de la existencia de calles y edificios, placas conmemorativas e insignias que ensalzan a altos cargos y funcionarios franquistas. “El Valle de los Caídos difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador”. 2. Valle de los Caídos “El sitio constituye en sí mismo la exaltación del franquismo”, observa el relator, que critica la falta de información. “Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas” o sobre “los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas”, afirma. “Nada explica quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica”, ni por qué Franco “fue inhumado allí sin ser víctima de la Guerra Civil”. De Greiff recomienda “resignificar” el lugar como guardián de la memoria y sugiere la retirada del cuerpo de Francisco Franco. “Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador”. 3. Educación deficiente El informe destaca que las reformas educativas de 1990 y 2006 mejoraron el enfoque sobre esta parte de la historia española en los curriculums escolares, pero asegura que algunos manuales aún hacen referencias globales, “manteniendo la idea de una responsabilidad simétrica”. De Greiff considera que la mayoría de los españoles han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue “un conflicto entre dos Españas” y en la que se reforzaba la política del “ borrón y cuenta nueva” en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen. 4. Policías, militares y jueces poco formados La ONU considera que los miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no reciben suficiente formación sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el franquismo ni sobre la responsabilidad que pudieron tener esos cuerpos en la comisión de esos delitos. También asegura que los jueces no reciben formación de temas específicos de derechos humanos, ni de la obligación del Estado en la persecución de delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra. 5. Falta de información “No existen censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, enumera el informe. Además, destaca temas “subexplorados” como el de los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El relator considera que la Ley de Memoria de 2007 no soluciona en absoluto este problema, e insta al Gobierno a establecer una institución “independiente pero oficial” de búsqueda exhaustiva de información, como la Comisión de la Verdad que impulsan varias asociaciones. 6. Acceso restringido a los documentos Lo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca está muy bien, según el informe. El problema es que en la práctica no se permite el acceso libre a numerosos archivos, y que muchos de ellos permanecen clasificados “invocando riesgos a la seguridad nacional” y “sin criterios claros”. De Greiff lamenta que la ley de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy no haya abordado los vacíos legales que generan este problema. 7. Exhumaciones ‘privatizadas’ El relator expresa su “preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación del los restos” y critica que esta tarea se haya dejado en manos de familiares y asociaciones. De Greiff destaca que el Gobierno negó “la legitimidad de este reclamo”, sino que en general despachó el tema refiriéndose al mapa de fosas y las subvenciones para exhumaciones. “Desde 2011 –puntualiza el relator– el presupuesto para la ley de Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado”. Asegura que el desentendimiento del Estado en este asunto provoca que no participen autoridades judiciales y que no existan registros oficiales sobre lo que encierran ñas 2.382 fosas que contendrían más de 45.000 restos de personas. El relator de la ONU, Pablo de Greiff, ha reprochado al Estado que no investigue ni enjuicie los "graves" crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. \ EFE El relator de la ONU, Pablo de Greiff, ha reprochado al Estado que no investigue ni enjuicie los “graves” crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. \ EFE 8. El obstáculo de la Ley de Amnistía Aquí es donde se observan mayores déficits, y la Ley de Amnistía se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los jueces siquiera conozcan los hechos”. Pablo De Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las “interpretaciones restrictivas” –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos. De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una investigación de los hechos, “pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o extinguir”. 9. Jurisdicción universal Naciones Unidas reconoce que España ha sido pionera en la aplicación de la jurisdicción universal, y cita sobre todo los casos de las causas contra el dictador chileno Augusto Pinochet y el militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. La ONU ve “con precupación” las reformas de 2009 y 2014 que “limitan significativamente” que los juzgados españoles puedan investigar crímenes internacionales graves, y asegura que “sigue atentamente” los procesos en marcha “como la resistencia de algunos jueces de cerrar las causas” invocando estándares internacionales. Además, De Greiff recuerda al Gobierno español que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. En cuanto a la solicitud de extradición de exagentes de seguridad acusados de torturas, el relator es taxativo: “sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables”. 10. Víctimas ‘de segunda’ “Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como ‘víctimas de segunda categoría”, describe el informe. Un sentimiento alimentado, analiza “por medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a [...] víctimas del terrorismo”. El relator recomienda al Gobierno español que aproveche los debates del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima como oportunidad para incluir “todas las categorías de víctimas”